En 2020, el gobernador de Idaho, Brad Little, promulgó la ley HB 500, la llamada "Ley de equidad en los deportes femeninos", lo que convierte a Idaho en el primer estado en aprobar una ley que prohíbe a los atletas transgénero participar en deportes. La ley prohibiría a las mujeres y niñas transgénero, y muchas intersexuales, participar en deportes escolares acordes con su identidad de género. También instituiría un proceso de “disputa”, que requeriría que las atletas femeninas verifiquen su sexo biológico a través de un examen físico invasivo realizado por un proveedor médico.

Las Demandantes, Lindsay Hecox y Jane Doe, son estudiantes atletas que se verían directamente afectadas por la ley. Cuando se presentó la demanda, Lindsay, una mujer transgénero, quería unirse al equipo de campo traviesa de su escuela. HB 500 le habría prohibido hacerlo, robándole las mismas oportunidades que se le brindan a sus compañeros. Jane, una chica cisgénero que disfruta de los deportes, se unió a la demanda porque le preocupaba su privacidad y temía que otros pudieran usar el proceso de "disputa" para intimidarla o acosarla. El 17 de agosto de 2020, el tribunal de distrito emitió una orden concediendo la solicitud de los Demandantes de una medida cautelar preliminar, deteniendo así la aplicación de la ley. La decisión fue apelada ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. NCLR y GLBTQ Legal Advocates & Defenders (GLAD) presentaron un Amicus Brief en apoyo de Lindsay y Jane Doe, instando al Noveno Circuito a confirmar el fallo del Tribunal de Distrito. Los argumentos orales se escucharon el 22 de noviembre de 2022.