NCLR, junto con el Centro Legal De La Raza, el Transgender Law Center y El / La Para Translatinas presentaron un amicus brief en las impugnaciones federales a la Orden Ejecutiva de la Administración Trump amenazando con cortar los fondos federales a las jurisdicciones santuario. Las políticas de santuario son políticas centradas en la comunidad que priorizan la seguridad pública general al establecer la confianza de toda la comunidad.
El informe detalla los daños irreparables que sufrirían las comunidades si fueran obligadas a abandonar estas políticas, incluidos los daños a la seguridad pública, la salud pública y la capacidad de combatir la discriminación y otras formas de abuso, todos los cuales son intereses gubernamentales imperiosos. Las políticas en cuestión garantizan que todos los miembros de la comunidad, y más urgentemente los más propensos a la explotación y el abuso, puedan denunciar los delitos y la discriminación y acceder a los servicios esenciales. La Orden Ejecutiva obligaría a las jurisdicciones locales a crear una subclase permanente de personas con acceso reducido a la policía y los servicios públicos. Dichos daños no solo son irreparables, son intolerables en comunidades como San Francisco y Santa Clara, que son el hogar de algunas de las comunidades de inmigrantes y LGBTQ más grandes de la nación.
En el caso subyacente, San Francisco y el condado de Santa Clara presentaron demandas federales a principios de 2017 contra el presidente Donald Trump y miembros de su administración, impugnando su Orden Ejecutiva del 25 de enero de 2017, mediante la cual pretendía negar toda financiación federal a cualquier gobierno estatal o local que, a su juicio, no cumpliera con su agresivo plan de control migratorio. La demanda cuestiona la autoridad del presidente para imponer unilateralmente condiciones a los fondos federales —un poder que la Constitución otorga exclusivamente al Congreso—, así como la negación generalizada de todos los fondos federales, la gran mayoría de los cuales no tienen ninguna relación con la inmigración ni con la aplicación de la ley.
